Nuevas ciudades para el desarrollo y el empleo

Hong Kong, Singapur y Macao son referencias cuando se quiere hablar de ciudades que han logrado desarrollo económico en algunos años. Hong Kong no es el único caso, pero si uno de los que se puede tener en mente cuando se piensa que un territorio puede pasar del tercer mundo al primero, en 50 años.

Esta antigua colonia británica ha tenido un éxito sin igual en generar riqueza para todos sus habitantes y es un ejemplo para el mundo de cómo se puede evolucionar, señala Gabriel Delgado, quien es uno de los referentes en Latinoamérica, junto al Startup Cities Institute, anteriormente Free Cities Institute, una iniciativa de la universidad Francisco Marroquín, que busca impulsar iniciativas que posean como parangón a Hong Kong.

Las ciudades libres, regiones especiales de desarrollo, ciudades modelo son algunos de los nombres que recibe esta iniciativa que se define, según el sitio https://ejatlas.org, como “enclaves que se regirán por sus propias normas legales, políticas y administrativas, tendrán fuero jurisdiccional independiente, un presupuesto propio, así como su sistema de recaudación de impuestos, policía independiente y derecho a expropiar en nombre del interés público, amenazando así a las poblaciones campesinas, al pueblo Garífuna y a los indígenas lencas”, en clara alusión a la creación de estos territorios en Honduras.

En el país vecino durante 2011 se firmó el decreto 04-2011, para reformar los artículos 304 y 329 de la Constitución Política y dar espacio a la creación de las ciudades modelo. En 2012, luego de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por varias organizaciones (entre ellos Ofraneh y Asociación de Juristas por el Estado de Derecho), la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Ley que creaba estas ciudades modelo era inconstitucional, ya que se violentaba la soberanía, las formas de gobierno y el territorio.

En enero de 2013 revive el proyecto de ley con otro nombre y pasa a llamarse Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aunque algunos abogados opinan que solamente se cambió el nombre. Según cuenta Delgado se han firmado ya memorandos de entendimiento entre el gobierno de Honduras y cinco grupos. “Imagino que próximamente empezarán a aprobar proyectos y empezaremos a ver grupos comprando tierra e iniciando construcción de la infraestructura básica de los proyectos”.

En el artículo Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), se afirma que en Honduras se construirán tres ciudades: la primera, ubicada en el valle de Cuyamel, frontera con Guatemala; la segunda, en la zona de Punta Castilla en la costa Caribe y, la tercera, en la zona del golfo de Fonseca.

Las ciudades se ubicarán en zonas costeras “de gran potencial para el agro, ricas en petróleo y en agua potable, que según la ley pasarían a formar parte del capital de los inversionistas extranjeros, expropiando y desposeyendo a las comunidades locales”.

Cada ciudad está planeada para ocupar un total de 100 mil hectáreas, y en ellas se crearán centros financieros, ciudades autónomas, cortes nacionales e internacionales, distritos energéticos renovables, zonas agroindustriales, zonas turísticas especiales, zonas mineras y zonas forestales. Paul Romer, uno de los impulsores de esta idea, señala que es importante contar con tres actores para impulsar esta iniciativa: el país receptor (host), es decir el que pone el territorio, la fuente de mano de obra (source) y el garante (guarantor).

Para Delgado, uno de los problemas de la región que afecta la creación de estas ciudades es que el sistema político no respeta los contratos. “Los grandes inversionistas requieren de certeza jurídica, ya que al haber diferencias, estas se pueden solventar en procesos legales, pero sin temor a que cambien las reglas del juego”, señala Delgado.

Las ciudades libres, en cambio, tomarían modelos innovadores y de mejores prácticas a nivel mundial y se probarían en áreas del país en donde no hay infraestructura o densidad poblacional. Las personas que quieran vivir en ese modelo pueden mudarse a vivir allí.

A diferencia de un paraíso fiscal, este modelo contempla que las empresas operen al cien por ciento dentro de la zona, pudiendo exportar bienes y servicios o venderlos internamente. Las personas viven, se entretienen, trabajan y crean a sus familias dentro de la zona con condiciones muy distintas a las que tienen las personas que viven fuera. Para Delgado, estas zonas son la mayor expresión de autonomía del país, en las cuales pueden experimentar dentro de su mismo sistema político y legal, para determinar cuál es el sistema o innovación que más beneficios trae a su población.

Si esas innovaciones funcionan, el país anfitrión puede escoger exportar esos beneficios a todo el país. Sin embargo, que en un solo país haya más de un sistema legal levanta sospechas y enciende las alarmas, tal como sucedió en mayo, cuando Jorge Briz calificó de “peligrosa” la posibilidad de que el sistema de justicia indígena se agregue al artículo 203 de la Constitución.

Sin embargo, Delgado dice que hay que enfocarse en la innovación de estas iniciativas, que buscan adoptar mejores prácticas mundiales en términos de gobernabilidad. Y este es, para él, el mayor ejercicio de soberanía que se pueda hacer.

Delgado detalla una especie de círculo virtuoso en el que, para él, el motor de arranque es el capital que permite salarios competitivos, plazas de trabajo tan buenas que atraen el talento, que facilitan capacitación y que generan un entorno de mejores centros educativos, salud, ambiente, seguridad. Lo que hace que, “¡las personas naturalmente evolucionen”!

El profesional es consciente de las críticas hacia esta iniciativa. Señala que, elementos como la recaudación tributaria, el código laboral y el código de comercio, entre otros son partes del sistema actual en donde se ha tenido muy poca innovación. Estas zonas, añade, permiten adoptar prácticas probadas de otros países y ver si funcionan en áreas en donde las personas pueden optar, sin coerción, a habitar.

Señala dos elementos que son importantes para el desarrollo de las ciudades: la innovación como un elemento innato del ser humano, y el deseo de probar algo nuevo a pesar de los riesgos. “Solo hay que ver la cantidad de chapines que se toman el riesgo de ir caminando hacia Estados Unidos”, analiza.

No obstante, autoridades municipales y personas de la sociedad civil en Honduras se han manifestado en contra de esta iniciativa por diversas razones, algunas de las cuales podrían presentarse también en Guatemala: va contra la soberanía nacional, se queda a merced del inversionista que es quien pone las reglas del juego, es incompatible con la autonomía municipal.

Por otro lado, reconocen que también puede ser un polo de generación de empleo, que es la forma como se atrae a la gente. Aunque, empleo de mano de obra barata, porque con seguridad los técnicos y los especialistas vienen con la empresa.

 

Roberto M. Samayoa O.
Periodista
Revista GERENCIA
editorialgerencia@agg.org.gt

También podría gustarte