La crisis político-institucional que vive el país se desató hace unos meses, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) develaran la existencia de una mafia en aduanas, denominada La Línea. Y aunque la corrupción ha sido un mal endémico para el país, el gobierno presidido por Otto Pérez Molina cometió errores de cálculo prácticamente desde el comienzo de su gestión.
El primer paso de la gestión del Presidente fue lograr, a través del Congreso de la República, una especie de Reforma Fiscal ampliamente por diversos sectores guatemaltecos. Esta reforma, aparte de elevar la carga tributaria, otorgaba un enorme poder discrecional a los vistas de aduanas dándoles un poder poco aconsejable y potencialmente generador de corrupción, como quedó evidenciado también en el caso La Línea.
Mediante alianzas en el Congreso, el ejecutivo obtuvo los votos suficientes para que dicha Reforma fuera aprobada, aunque esto no evitó que muchos artículos de la misma fueran impugnados e incluso declarados inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad. Casi en paralelo, el gobierno, y en específico el presidente Pérez Molina, lanzaba al mundo su propuesta de despenalizar el consumo de drogas en el país y trató de posicionar el tema dentro de una agenda regional pretendiendo, incluso, generar el debate, la discusión y la difusión que la legalización de la mariguana tuvo en Uruguay, bajo el mando del presidente Mujica.
Al ser Guatemala un Estado sumamente débil en materia institucional, la penetración del crimen organizado ha permeado a los órganos encargados de control y fiscalización. Ante ese escenario, pretender colocar a Guatemala como una especie de paraíso despenalizador de las drogas, disparó las alarmas en Washington. Puesto que, el solo hecho de querer posicionar el tema en un país con profundas deficiencias y ausencia de controles, no solo contraviene la sólida y firme política antidrogas de Estados Unidos de América sino que supone una amenaza a su seguridad nacional.
Y es que, al enfrentar gravísimos problemas de defraudación aduanera y evasión y elusión fiscal, nada podría garantizar que aparte del trasiego de drogas de diversa índole, también pudieran colarse armas e insumos para ser usados por grupos extremistas y terroristas, que aprovecharan las facilidades y la corrupción imperantes para, desde la cercanía, atentar contra el territorio estadounidense.
En tanto se pretendía desarrollar y posicionar el tema de la despenalización, también se acercaba el fin del mandato de la CICIG, quien en ese momento se encontraba cuestionada por distintos sectores debido a la falta de resultados.
La presión de dar por terminada la función de la CICIG fue abanderada por el binomio presidencial. Fundamentalmente, aducían que la Comisión solo debía terminar su mandato al transferir capacidades al Ministerio Público y que no debían hacer más investigaciones. Inclusive, el presidente promovió la instalación de una instancia que aglutinaba a diferentes personajes para que, esa instancia, hiciera un balance del actuar de la CICIG y recomendará lo procedente en cuanto a su continuidad o su finalización.
Uno de los principales aportes a favor de la continuidad de la CICIG en Guatemala fueron las visitas del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien durante la reunión sostenida en el mes de marzo con los mandatarios del Triángulo Norte Centroamericano sobre el Plan de Prosperidad dijo: “la comisión que llamamos CICIG debe ser extendida y obviamente es una decisión soberana que ustedes deben tomar”. (Prensa Libre, marzo 2015).
El vicemandatario reconocía la soberanía del Estado de Guatemala, pero señaló atentamente que la impunidad es un problema grave de los países de la región y, por tanto, es importante la continuidad del trabajo de la Comisión Internacional.
El trabajo de la CICIG mostró su efectividad el 16 de abril, al ejecutar una investigación sobre corrupción en el sistema de aduanas que involucraba a altos funcionarios en una red de contrabando y defraudación. El caso, denominado “La Línea”, incluía la participación del secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón y exdirigentes de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Los resultados derivados de esta investigación, demostraron el alto grado de corrupción presente en las instituciones del Estado de Guatemala. Ante esto, el día 23 de abril, el Presidente Otto Pérez Molina solicitó a Naciones Unidades la prórroga del Mandato de la Comisión (Diario La Hora, 23 de abril de 2015).
La presión de Estados Unidos, aunada al excelente trabajo del doctor Iván Velásquez, han traído cambios positivos al país. Hay un despertar ciudadano único en la historia de Guatemala. Se han venido develando más casos de corrupción que, hasta hace unos meses atrás, eran impensable que salieran a la luz pública.
Todo eso, siendo realistas, no hubiese sido posible sin la intervención decidida de Estados Unidos y del trabajo minucioso y meticuloso de la CICIG. No obstante, debe quedar claro que Guatemala necesita cambios profundos. La consolidación democrática requiere de la participación activa de la sociedad civil en los distintos procesos políticos.
El fortalecimiento institucional en todos los niveles de la administración pública creará las condiciones necesarias para que, el Estado sea capaz de solucionar sus problemas por sí mismo.
Nicholas Virzi
Carlos Vásquez
Colaboradores
Revista GERENCIA
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