Desde hace años, la actividad política en Guatemala ha generado incertidumbre, así como desconfianza de parte de la sociedad hacia los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República, hasta los diputados del Congreso. En los últimos meses se ha destapado un sistema interno de corrupción, que ha dejado en evidencia a entidades de las que se sospechaban acciones corruptas, así como otras de las que solo se hablaba de su “renombre”.
¿Quiénes están provocando la deslegitimación de las instituciones? En la crisis institucional que vive el país se encuentran una variedad de actores políticos clave, entre ellos, la sociedad civil, el presidente Otto Pérez Molina, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público y los Partidos Políticos.
La democracia del país es frágil, se encuentra en una crisis de representatividad que la lleva a medirse por los procesos electorales. La coyuntura revela una transición a la democracia, que no se había visto desde los Acuerdos de Paz, los que marcan la finalización del conflicto armado.
La sociedad civil se ha unido y ha formulado valentía por la unificación nacional, la que ha movilizado una variedad de grupos sociales que se han ensamblado por un mismo interés. La implicación de gran parte de los ciudadanos ha dado esperanza en el momento que estos deciden ejercer sus derechos, fomentar la formación y concientización por un voto razonado. Su afán por quitar al presidente Otto Pérez Molina exmilitar que llegó al poder bajo el slogan de “mano dura se da por la percepción y los resultados negativos al finalizar su gobierno. La sociedad civil ha puesto en práctica las manifestaciones pacíficas para expresar su voluntad y su poder de elegir otro sistema de gobierno.
Por otro lado, la CICIG termina su mandato en 2017 por sus acciones positivas en el país, y queda como un ente salvador y obstaculizador de la corrupción. Se ha dedicado a dar apoyo a las instituciones del Estado, como el Ministerio Público, para poner un alto a las actividades de los cuerpos ilegales que han afectado el gozo y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca. Tal y como en el caso de corrupción del IGSS, en el que se habían traficado influencias, recibido millones a cambio de conmutar a una empresa que tenía a cargo los enfermos renales, lo que generó algunos fallecimientos.
Por último, las acciones de la sociedad civil marcan una nueva línea para los partidos políticos que se ven obligados a tomar el tema de corrupción como un lineamiento fundamental en su propuesta política. El “oportunismo electoral” genera nuevas estrategias de mercadeo político; sin embargo, no aumenta la legitimidad de los partidos, les justifica como “maquinarias electorales” a través de las que los candidatos esperan llegar al poder.
La propuesta electoral sigue limitada, por lo que el refuerzo de estas agrupaciones políticas se debe de dar no solamente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino que a lo interno de estas. La campaña electoral debe ser voluntad ciudadana e implicarse políticamente en el país, a través de grupos de la sociedad civil que puedan postularse en partidos políticos en época de elecciones, con la finalidad de contar con gobernantes de perfil honorable y transparente.
Por lo que se menciona anteriormente, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se plantean como el plan de contingencia para empezar “desde cero”, y los grupos de la sociedad civil enfocan sus propuestas en temas como el caso IGSS, la campaña electoral, el fortalecimiento del TSE y del registro de ciudadanos, las reformas a la LEPP y el abuso de las encuestas electorales.
Los ciudadanos y la sociedad civil se han enfocado en cambiar las leyes de compras y contrataciones del Estado, leyes de justicia y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lo que permite destacar la necesidad de reforzar el Estado de Derecho y con este el cumplimiento de la democracia.
Para que los escenarios políticos prospectivos sean positivos, la implicación de parte de la mayoría de la ciudadanía es fundamental, para que los procesos a lo interno de las instituciones públicas y privadas se puedan dar de forma transparente. La necesidad de una auditoría constante y una participación bilateral entre la sociedad civil y los funcionarios públicos, detonaría una acentuación en la legitimidad de las instituciones.
Sin embargo, no se debe dejar a un lado los escenarios paralelos e internos del proceso electoral. El Partido Líder ha perdido peso por actos corruptos, su vicepresidenciable Édgar Barquín junto con su hermano Manuel Barquín, integran una red de lavado de dinero. La corrupción sigue en manos de familias, tal y como se habían visto en casos anteriores en que las influencias se manejan entre hermanos, esposos, primos e hijos.
El candidato Manuel Baldizón no contaba con el bagaje de su candidato vicepresidenciable. Las estrategias en Estados Unidos se sumaron a sus esfuerzos con el objetivo de mantener una decisión firme a lo interno de varias instituciones: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, entre otras. Este candidato se encuentra agotando recursos para su elección como presidente. Si se llegara a quitar el antejuicio a Barquín, este quedaría fuera de las Elecciones 2015, dejando dos escenarios a Manuel Baldizón: 1) retirarse de las elecciones por su participación en “binomio” o 2) acudir al TSE apoyándose en el “recurso de revisión” de la LEPP (de lo contrario, acudir a la Corte Suprema de Justicia).
Por otro lado, al tomar en cuenta el panorama político que sufre el país, los votantes jamás se habían visto tan indecisos respecto al 6 de septiembre. Las campañas sobre el “voto nulo” se han acrecentado por la incertidumbre de “¿por quién votar”, lo que no ha llevado a tomar en cuenta a los ciudadanos que se debe ver más allá de votar nulo, únicamente por que no hay un candidato que genere confianza. La campaña ha llegado a un target específico del país: clase media o media alta ubicada en la ciudad, ya que cuentan con un celular inteligente o Internet.
En segundo lugar, en el interior de la República los votos se encuentran divididos por departamentos y sectores, los que han sido tomados por los partidos UNE, PP y Líder, hasta el momento. Por lo que, en este caso podría beneficiar al partido con más peso en el interior, lo que no representaría a la capital, si no a las campañas clientelistas de dichos partidos.
Por último, las encuestas de intención de voto han generado interrogantes en los votantes. Tal y como se menciona anteriormente, las encuestas han sido herramientas de abuso en el mercadeo político para generar percepciones hacia el target de los partidos políticos.
En la actualidad, las muestras y el margen de error se han profanado de tal forma que esta herramienta ha introducido nuevas técnicas de levantamiento de datos de tipo virtual. Lo que genera una percepción errónea para los votantes. Las encuestas se utilizan para atraer el voto del grupo de indecisos, produciendo una percepción de estar “en lo correcto” al votar por quien tiene más probabilidades de ganar. ¿Se hará uso del artículo 210 de la LEPP sobre una repetición de un proceso electoral?
Issya José De León Gutiérrez
Analistica Política
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