En Guatemala, las elecciones 2015 se dieron en el medio de una crisis política. Tras darse a conocer evidencias de corrupción, entre ellas el sonado caso “La Línea”, que llevó a la renuncia y al encarcelamiento preventivo del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La presencia de evidencias en manos de entes ajenos a la influencia del poder ejecutivo, fue lo que dio esperanzas al pueblo para exigir acciones ante la falta de transparencia, la corrupción y el mal desempeño del aparato estatal.
Al 9 de septiembre, el candidato presidenciable
Jimmy Morales, del FCN, era
favorecido con 1,165,846 (23.85%).
Al 9 de septiembre, el candidato presidenciableDe las votaciones
Al cierre de la edición, dos días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral aún no concluía el proceso de conteo que definiría si Sandra Torres, de la UNE, o Manuel Baldizón, de Líder, sería el candidato designado por el pueblo para disputar la segunda vuelta junto al candidato Jimmy Morales, del FCN, quien obtuvo la victoria en primer lugar, aunque no con mayoría.
Sin duda, en las votaciones presidenciales, la UNE dio una gran sorpresa. Los datos preliminares muestran la capacidad de esta institución política y su candidata Torres de sacar a Manuel Baldizón, del partido Líder, de la contienda para la segunda vuelta. Una posibilidad que no fue contemplada por los principales analistas del país. Cabe mencionar que, los datos finales, a corroborar en los próximos días por el TSE, cuadraron con la última encuesta de Prensa Libre, puesto que los principales candidatos se mantienen dentro del margen de error.
Sandra Torres, de la UNE, disputaba
el segundo lugar, con 964,996 votos
(19,74%) al 9 de septiembre.
Sandra Torres, de la UNE, disputaba
Con el 98.26 por ciento de las mesas escrutadas, de las 19 mil 582 existentes, y un total de 5 millones 318 mil 847 votos emitidos, lo que equivale al 70.38 por ciento, se obtuvo una participación electoral histórica. Casi el 91 por ciento de los votos emitidos fueron válidos, y solo el 4.2 por ciento, nulos y un poco más del 5 por ciento, en blanco.
Para el Congreso de la República, aun sin estar en la casa presidencial, Líder obtuvo aproximadamente el 29% de las curules, seguido por la UNE con el 21.4% y el Partido Patriota con 11.7%. El partido Todos, encabezado por los economistas Lizardo Sosa y Mario García Lara, asociados con el expresidente Alfonso Portillo, quien cumplió condena por el delito de conspiración para el lavado de dinero, obtuvo aproximadamente el 10.4% de la participación en el Congreso. El FCN, del ganador de la primera vuelta Jimmy Morales, el 7.1% de las curules, mientras que la UCN, 4.5%; Encuentro por Guatemala 4.5%; Viva, 3.2% y Creo, 3.2%. Las demás se dividirán entre los partidos restantes.
Manuel Baldizón, de Líder, contaba
con 960,329 votos (19.65%), que al 9
de septiembre lo dejaban fuera.
Manuel Baldizón, de Líder, contabaLa intervención yanqui
La intervención del gobierno de Estados Unidos fue la antesala de la crisis política en el país. El mismo vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, vino a imponerle al gobierno de Otto Pérez Molina la presencia y el continuado funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a pesar de las reiteradas afirmaciones del entonces presidente guatemalteco de que esta entidad se marchaba. El papel de la Comisión fue clave para que la lucha por la institucionalidad y contra la corrupción no pareciera una imposición del imperialismo yanqui.
No se puede dejar de mencionar que la CICIG, creada en 2006 en un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala (liderado en aquel entonces por Óscar Berger), tuvo un pésimo comienzo con los dos primeros fiscales Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese, pero pareciera que, finalmente comienza a trabajar por las razones que justifican su creación. A esto se agrega el rol de la fiscal general, Thelma Aldana, quien dejó de lado las persecuciones políticas que marcaban la gestión de la anterior fiscal, Claudia Paz y Paz, quien no se destacó por luchar contra la corrupción que la rodeaba.
Con las organizaciones de justicia del sector internacional y la principal Embajada en el país, finalmente se levantó un movimiento social contra la corrupción que ha sido imparable. A este se unió el sector privado que, ante el clamor popular, pidió la renuncia de los gobernantes.
El Congreso tampoco contó con más opción que retirarle la inmunidad a Otto Pérez, decisión que lo obligó a renunciar a la presidencia y ponerse en manos de la justicia. El ahora exgobernante defendió la corrupción hasta la amarga final, puesto que la renuncia del jueves 3 de septiembre a la medianoche, no era más que su última y única carta, y no una decisión valiente.
Las consecuencias
La crisis política que vive Guatemala contó con varios efectos, en su mayoría positivos. El primero, aumentar el interés político de los guatemaltecos y llevar el mensaje anticorrupción por todo el país. Esto incidió en que la participación electoral alcanzará su máximo nivel en la historia, y que, a raíz de ello, Manuel Baldizón -el representante y defensor voluntario de la corrupción- cayera 20 puntos en su aprobación ante los electores.
Un segundo efecto positivo en la lucha anticorrupción fue mejorar la perspectiva a futuro. Guatemala es un país con Estado corrupto y su gente lo sabe. Según la organización internacional, Transparency International, que mide el Índice de Percepciones de Corrupción, Guatemala presenta una nota de 32 sobre 100 y ocupa el puesto 115 de 175 países evaluados en el mundo, lo que significa que está peor que el 65% del total de países de la muestra mundial utilizada.
Sin embargo, ahora el pueblo ha podido castigar a la corrupción por medio de sus instituciones de justicia, contra las dos máximas autoridades. Esto ha permitido que la clase política le tema al pueblo y sea más sensible a sus exigencias.
No hay mejor ejemplo, que lo que pasó el 3 de septiembre de 2015, cuando aliados del Partido Patriota (partido oficial) y del Partido Líder intentaron intimidar al bloquear la entrada al Congreso de la República, para que los diputados no votaran por quitarle el antejuicio al entonces mandatario.
Espontáneamente, ciudadanos y agrupaciones civiles se amontonaron enfrente del edificio parlamentario para darles paso libre a los congresistas, quienes ya no tenían excusas para no asistir y brindar o rechazar su apoyo al antejuicio del entonces presidente Pérez Molina. El partido político que destacó en obligar al Congreso a hacer su tarea constitucional fue Encuentro por Guatemala, encabezado por los diputados Nineth Montenegro y Luis Pedro Álvarez.
El pueblo también castigó a la corrupción en las urnas, al votar en contra del representante de la corrupción y de los poderes fácticos que pretendía ocupar la presidencia en enero de 2016, Manuel Baldizón.
Consenso político
Un tercer efecto de la crisis política fue la creación de un consenso político unido detrás de la consolidación institucional y la disciplina fiscal con calidad en el gasto público, y la remoción del clientelismo en el manejo de los programas sociales. Estos fueron los temas que más resaltaron en las entrevistas televisadas a los binomios como parte del Programa Cívico de la AGG. Incluso, la candidata del partido de izquierda Movimiento Nueva República, entre otros.
Los partidos que participaron en la primera contienda parecieran comprender el rechazo del pueblo hacia el Estado guatemalteco y su clase política entera, por ello dejaron de proponer grandes proyectos. En cuanto a los programas sociales, el consenso y el compromiso fue alineado con el mensaje de la lucha contra la corrupción, el compadrazgo y el clientelismo.
¿Qué cambió?
El pueblo guatemalteco estaba acostumbrado a la corrupción. En su conjunto, el votante esperaba que cada gobierno entrara a robar. Ya se contaba con el ejemplo del expresidente Alfonso Portillo, quien cumplió condena en una prisión de Estados Unidos, por haber usado bancos americanos para albergar su riqueza mal habida.
La clase intelectual progresista aceptaba y tomaba cualquier reclamo contra la corrupción como un código de la derecha empresarial para justificar no pagar más impuestos. Incluso, representantes de organizaciones internacionales, como la CEPAL, hacían de menos el tema de la corrupción, cuando el sector privado reclamaba calidad en el gasto público.
Lo que cambió el juego fue el mensaje claro de la potencia hegemónica regional que no toleraría corrupción vinculada a la corrupción, ni al narcotráfico. La administración de Otto Pérez Molina se había vinculado voluntariamente con el narcotráfico. Esto lo hizo al mismo tiempo que retaba a la política externa americana en la región, en el tema de la mal manejada guerra contra las drogas.
La administración de Otto Pérez coqueteaba abiertamente con abandonar la lucha contra las drogas en el marco impuesto por Estados Unidos. Además, lo hicieron de una manera burda, sin avisar a su principal socio comercial, económico, político y diplomático. Esto generó la oposición férrea americana al gobierno de Otto Pérez Molina.
Desde el primer año se escuchaban rumores de que la Embajada estaba sumamente preocupada por la falta de criterio de la vicepresidente Roxana Baldetti, por asociarse libremente con reconocidos personajes del narcotráfico, aún después de la advertencia norteamericana.
El ejecutivo dejó su flanco desprotegido, cegado por las felicitaciones recibidas de parte de países menos importantes en la región. De hecho, el gobierno no había contemplado la estrategia de Estados Unidos de decapitarlo, lo que jamás hubiera sucedido con un gobierno aliado.
Nicholas Virzi
Colaborador
Revista GERENCIA
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