El clima de inversión en Guatemala va empeorando
El Índice de Confianza Económica ha bajado
Nicholas Virzi,
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
Guatemala es un país en vías de desarrollo. Lo que más necesita es crecimiento económico, sin adjetivo alguno, para lograr la prosperidad y el desarrollo humano al que aspira. Para crecer, Guatemala precisa inversión. Aquí viene el problema. Guatemala no es un país pobre, sino un país con muchos pobres.
Según la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de Guatemala (Banguat), el Índice de Confianza Económica ha bajado desde 66.97 en enero de 2016, a 44.45 en agosto de 2017.
Desde 2011 a 2017, la inversión nacional bruta, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), viene cayendo por siete años consecutivos, y no precisamente porque la economía haya venido creciendo a un tremendo ritmo anual.
En el período 2011-2017, el promedio de la tasa de variación interanual en el PIB es 3.629%. En este intervalo, la inversión bruta como porcentaje del PIB cayó de 15.229% en 2011, a 12.486% en 2017.
En 2007, la participación económica de la inversión bruta alcanzaba el 20.831%. Vale mencionar que el ahorro tiene una participación económica del 13.055% en 2017, una cifra muy baja de ahorro nacional. Chile, por ejemplo, tiene una participación económica del ahorro de 19.926% del PIB. Los bajos niveles de inversión nacional hacen indispensable la inversión extranjera directa (IED) en el país.
El comportamiento de la IED en Guatemala no ha sido alentador. Según datos del Banguat, la inversión extranjera directa viene cayendo en términos nominales en relación al año anterior en los últimos dos años.
En 2015, la IED cayó a un -12.1% con relación a 2014, quedando en US$1,220.8 millones para el año. En 2016, cayó en términos nominales aproximadamente -3.3%, a US$1,180.8 millones.
Es importante recalcar que la inflación anual para 2016 fue de 4.23%. Este dato convertiría los US$1,180.8 millones -reportados en términos nominales para 2016- en US$1,133.9 millones en términos reales para el mismo año, lo que representaría una caída de -7.2% para ese año.
También en términos reales, la previsión más probable, basada en los datos reportados para 2017 disponibles a la fecha, es que la IED efectivamente no crezca en 2017, o incluso que también sea menor en 2017 de lo que fue en 2016.
Según el Banguat, en cuanto a los flujos de IED, en millones de dólares corrientes, la categoría de electricidad perdió un valor de -15.90% en 2015 versus 2014, y de -19.12% en 2016, versus 2015. A agricultura, petróleo, minas y canteras les fue peor, tras perder -22.61% en 2015 versus 2014, y 68.59% en 2016 versus 2015.
Es importante tomar en cuenta que esta previsión no incorpora las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC), que han sido nefastas para el sector privado que opera en el país.
Se hace referencia a los casos de las suspensiones ex post de la hidroeléctrica Oxec y la Mina El Escobal, de la Minería San Rafael. En ambos casos, las empresas actuaron de buena fe, hicieron su inversión en Guatemala, y luego fueron castigadas de manera arbitraria y ex post, el peor escenario posible para una empresa, en particular, y el clima de inversión, en general.
El Gobierno de Guatemala otorgó las licencias y permisos correspondientes. Luego, la CC determinó que por la falta de cumplimiento del Convenio 169 suscrito entre Guatemala y la Organización Internacional de Trabajo, se suspendían los contratos referidos.
El 169 estipula que para proyectos de este índole se deben realizar una serie de diálogos con las comunidades indígenas que se encuentren alrededor de dichos proyectos, y que dichas consultas deberían de ser realizadas por el gobierno, no por la empresa.
Por faltas en las consultas populares, tarea que le incumbe al gobierno hacer, la Corte de Constitucionalidad suspendió retroactivamente las licencias de operar de ambas empresas. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad dejó que Oxec operara mientras su caso es resuelto; al mismo tiempo, resolvió dejar suspendida a la Minera San Rafael mientras se resuelve su caso. Aunque después la Corte Suprema de Justicia falló que la Minera podría continuar operando por año más mientras se hacían las consultas comunitarias de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabaja, estas confusas resoluciones tan contradictorias de parte de las cortes de máxima autoridad legal en Guatemala deja ver claramente que Guatemala no es un país con reglas claras para la inversión. El daño a futuro de esta merecida percepción es incalculable. No solo la falta de reglas claras ahuyentará la inversión en el país, tanto nacional como internacional, sino las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad seguramente darán lugar a un litigio internacional que Guatemala seguramente perderá. Habría que tomar en cuenta que la Minera San Rafael pertenece a Tahoe Resources, que vio el valor de sus acciones caer más de -30% en las bolsas internacionales debido a la suspensión de sus operaciones en Guatemala. Estos daños se los cobrará al gobierno de Guatemala cuando gane el litigio internacional, recursos públicos que no podrán ser invertidos para reducir los niveles de pobreza y desnutrición en el país.
Los problemas ocasionados en fecha reciente dejan ver que este no es un país con reglas claras para la inversión. El daño a futuro de esta merecida percepción es incalculable. No solo la falta de reglas claras ahuyentará la inversión en el país, tanto nacional como internacional, sino las resoluciones de la CC y la CSJ darán lugar a un litigio internacional que Guatemala seguramente perderá.
Habría que tomar en cuenta que la Minera San Rafael pertenece a Tahoe Resources, que vio el valor de sus acciones caer más de 30% en las bolsas internacionales debido a la suspensión de sus operaciones en Guatemala.
Estos daños se los cobrará al Gobierno de Guatemala cuando gane el litigio internacional, recursos públicos que no podrán ser invertidos para reducir los niveles de pobreza y desnutrición en el país.
