Deuda pública, disciplina fiscal y transparencia del gasto

La deuda pública ha crecido durante los últimos años a un ritmo que alarma

El gobierno de Otto Pérez Molina podría pasar a la historia como el que aumentó la deuda pública en Q38.8 millardos alcanzando la cifra récord de endeudamiento de Q127 millardos. A pesar de eso, el endeudamiento total de la Economía de Guatemala que en 2012 ascendía a un 63% del PIB es todavía considerado uno de los más bajos de Centroamérica, de Latinoamérica y del mundo.

El endeudamiento de un país se puede comparar como el de quien maneja dos tarjetas de crédito: la del sector público y la del sector privado. Ambas poseen límites de endeudamiento que en el caso del sector público es definido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que para países de bajo ingreso como Guatemala se ha fijado en 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda pública de Guatemala ha topado casi el límite, ya que se encuentra en 24% del PIB, aunque es la más baja de Centroamérica. Nicaragua es el único país en la región que está recortando su deuda pública. “Pasar este límite es peligroso”, señala Stephanie Moll del Central American Business Intelligence, porque implica que el gobierno deja de dar servicio y amortizaciones a la deuda. Luego deja de dar servicio a los gastos fijos. “En este sistema, cuando un gobierno da señales de que no puede dar servicio a su deuda, el costo de la misma aumenta y contamina la deuda de otros agentes económicos como el privado”, advierte la profesional de las ciencias económicas.


Stephanie Moll, del Central American Business Intelligence

En el caso del sector privado, “la deuda presenta una lógica inversa bajo el argumento de un mayor potencial para estimular el crecimiento económico, siendo el crédito la herramienta de apalancamiento”, agrega Moll.

El umbral en el que el endeudamiento privado ya no es significativo para potencializar el crecimiento, es cuando alcanza entre un 80% y un 100% del PIB, que es lo que pasa actualmente con algunos países desarrollados que poseen una deuda que alcanza el 90%. Actualmente la deuda privada en Guatemala se ubica en el 38% del PIB, por lo que todavía se puede potencializar el crecimiento. “El aumento de la deuda privada, siempre que no pase de los parámetros señalados, puede apalancar el crecimiento económico del país”, explica la economista.

El analista económico, José Raúl González, afirma que el gobierno debe manejar un presupuesto balanceado, no deficitario y debe ajustar el nivel de gasto a las posibilidades de recaudación, lo que incluye que se puedan crear nuevos impuestos siempre que el Estado maneje los asuntos públicos con prudencia y transparencia. Añade que el PIB no paga los impuestos, sino solamente los ciudadanos y no se comprende todavía que el endeudamiento público es en realidad un impuesto diferido. “El problema es que tenemos un alto déficit fiscal, el gobierno está gastando más de lo que puede porque se hace un manejo clientelista del presupuesto”, añade Moll.

El endeudamiento público es una distorsión que da la apariencia de que el gobierno puede gastar más de lo que recauda en impuestos. Eso es lo que el gobierno está dando a entender por medio de la propaganda: que se cuenta con un amplio margen de endeudamiento, una verdad a medias. “Para poner fin al endeudamiento hay varias posibilidades, entre ellas, que los ciudadanos pongan límites obligatorios a los funcionarios, que exijan al Congreso que no siga autorizando presupuestos deficitarios o, en el peor de los casos, que ocurra una crisis financiera”, señala González Merlo.

El analista compara el endeudamiento público con pasarse una papa caliente que siempre queda en manos del ciudadano, que es quien debe pagar la deuda por la vía de los impuestos. La papa caliente no queda nunca en manos de los políticos porque trasladan el déficit fiscal más lejos, al gobierno entrante.

La deuda pública de Guatemala se encuentra en 24% del PIB, que es la más baja de Centroamérica.

El problema con la deuda pública es que muchas veces financia gastos de operación y no se emplea para promover productividad e infraestructura nacional. González señala que si el saldo de la deuda pública está un poco arriba de los Q100 millardos, los guatemaltecos deberían producir 10 veces más, para que, con la carga tributaria actual, existan fondos para pagar esa deuda. “Es decir, ya hipotecamos Q1,000 millardos de riqueza que aún no hemos producido”, señala.

Moll, por su parte, comenta que el déficit fiscal debe ser pagado con ingresos corrientes y no con la creación de más deuda, que es lo que el gobierno pretende. Así, indica que la deuda no es sostenible si se utiliza para gastos de funcionamiento. Al contrario, la deuda pública contraída debería destinarse a la inversión.

El problema es que al parecer el gobierno no posee intenciones de detener el endeudamiento. El financiamiento de Q3.5 millardos para el pago de la deuda flotante causó controversia. Sin embargo, hay también otro financiamiento por más de US$400 millones que se pretende contratar con entidades multilaterales y que servirán para aumentar la burocracia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Si el gobierno de turno desea más recursos, una de la posibilidades más difíciles pero también más deseables es que cuente con un compromiso político de reducción de gastos, de hacerle frente a la corrupción y al malgasto en la administración pública.

Este es un tema pendiente para el actual gobierno, que prometió que luego de la actualización tributaria vendría la aprobación de las leyes de transparencia. González afirma que lo único que se logró con la llamada actualización fue desacelerar la economía y crear incertidumbre, lo que disminuyó la recaudación fiscal.

Para contraer los efectos negativos, el analista sugiere que, “el Congreso corrija todos los artículos que mantienen la incertidumbre para destrabar el daño que se le está causando a la economía. Mejor aún, que deroguen totalmente la ley”.

Moll advierte sobre otro problema: el hecho de que el gobierno haya emitido un 80% de deuda interna y un 20% de deuda externa. El riesgo con esto es que internamente van a desplazar la inversión privada, ya que el gobierno está compitiendo por agarrar esta deuda.

González señala que Guatemala ha sido un país conservador en cuanto a su endeudamiento y esto ha impedido que se sufran las crisis económicas que otros países han padecido. Añade que el hecho de que los indicadores sociales no muestren el desarrollo deseado, no es a causa de esta política conservadora, sino porque ha habido pobre ejecución e ineficacia de los proyectos gubernamentales. “Pretender que con más endeudamiento se erradicará la pobreza en el país es un gravísimo error. Es la ruta que han seguido otros países pobres que luego terminan más pobres, nada más que ahora altamente endeudados. No hay precedente histórico que demuestre que los países se han desarrollado a base de endeudamiento. Solamente la productividad nos sacará de pobres”, añade.

Una opción para poner freno al endeudamiento público, en la que coinciden Moll y González, es que el gobierno se comprometa y asuma la responsabilidad de congelar el gasto público por tres o cuatro años. Lo que sumado a la tendencia natural de crecimiento de los ingresos fiscales, daría por resultado un presupuesto equilibrado. Moll añade que otro elemento importante es que los agentes privados sean menos conservadores, ya que el aumento de la deuda privada dinamizaría la economía.

“El que nada debe nada tiene”, reza una adaptación del antiguo refrán. Sin embargo, en el caso del gobierno, debe adquirir deudas en el marco de la disciplina fiscal y la transparencia del gasto.

Roberto M. Samayoa O.
Periodista
Revista GERENCIA
editorialgerencial@agg.org.gt

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